Cuando se habla de funcionarios, generalmente no distinguiendo entre personal laboral y funcionario de carrera, se tiende a asociar a la persona que desempeña su labor en la administración con el tipo aquel que nunca estaba en la ventanilla retratado espléndidamente por Larra. Desconozco como funcionaba la Administración española por aquellos entonces, aunque Larra o Galdós, éste algo posterior, hicieron retratos seguramente magistrales de la situación. Pero el tiempo ha pasado, desde que murió el canario ha pasado aproximadamente un siglo, y la Administración se ha convertido en algo más complejo, a veces para bien y a veces para mal. Para ilustrarlo he intentado buscar una relación de puestos desempeñados por funcionarios, y personal laboral, del Estado, pero no lo he encontrado. Sin embargo he hallado los de dos comunidades autónomas, Madrid y Navarra, donde se detallan algunos de los puestos que desempeñan las personas que trabajan para la Administración:
En estos enlaces, bastante farragosos de leer, se detallan algunos de los cometidos del personal que trabaja para la Administración de éstas autonomías. Entre los cometidos a los que se dedican estos trabajadores encontramos algunos como el de agente forestal, técnico en el control de alimentos (los que se encargan de que los alimentos que comemos todos los días estén en perfectas condiciones), técnico Medioambiental, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, técnicos en Biblioteconomía (entre los que se incluyen los bibliotecarios de toda la vida), técnicos forestales, trabajadores sociales, docentes, sanitarios, inspectores de Hacienda, técnicos superiores de museos y archivos, guardias forestales... En la Administración Central podemos encontrar desde científicos, hasta trabajadores de Centros de Referencia de Alzeihmer...
Como se puede comprobar la variedad de servicios que prestan los trabajadores de la Administración, en este caso autonómica, es muy amplia y, lo más importante, contribuye a que nuestra vida sea mejor. La sanidad, la educación, la cultura, el Medio Ambiente, la ayuda profesional a los más desfavorecidos, la alimentación... todo ello es responsabilidad de unos trabajadores que realizan su labor, en unos casos con más acierto que otro, en el seno de las diversas administraciones y los beneficiados de ellos somos los ciudadanos. Y, ¡ojo!, la idea principal es que de estos servicios nos beneficiemos todos los ciudadanos por igual. El trabajo de un bibliotecario o de un técnico forestal redunda en todos los ciudadanos. El trabajo de un sanitario, sea cual sea su grado, o el de un maestro, está destinado a cualquier paciente o a cualquier alumno. El conservador de un museo restaura un cuadro para que lo vea todo aquel que desee hacerlo. El fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional que trabaja en el Hospital Nacional de Parapléjicos va a atender a cualquier usuario que le llegue, sin preguntar si tiene dinero o no. La Red Nacional de Transplantes, posiblemente la mejor del mundo, va a realizar su labor solamente considerando la necesidad de órganos y la compatibilidad entre el órgano y la persona que lo recibe...
Como el lector comprobará los funcionarios, con sus virtudes y defectos, aseguran algo que no se puede asegurar por parte de la empresa privada, por muy bien que ésta funcione, lo cual es muy cuestionable en muchos casos (me estoy acordando de una residencia para ancianos de mi localidad): la igualdad de oportunidades para todos. En otras palabras: los servicios que las administraciones ofrecen a través de los empleados públicos no distinguen entre unos y otros.
Antes de continuar me gustaría aclarar que considero que no todos los que trabajan para la Administración pueden considerarse unos dechados de virtudes. En un colectivo tan grande tiene que haber de todo, como en botica. Pero también me resulta curioso la facilidad con la que nos quejamos de los funcionarios porque se van a tomar café, a veces dejando tras de si colas inmensas, y la escasa capacidad crítica cuando hacen lo mismo los empleados del banco del que somos clientes. Tal vez tras todo ello se esconda una cierta forma de entender la sociedad algo carpetovetónica: a los que trabajan en lo público sí que les podemos exigir (y debemos, añado yo), mientras a los que nos ofrecen servicios por la vía privada, que de una u otra forma pagamos también, no les podemos toser; por si acaso.
Retomemos el tema del funcionamiento de la Administración. Personajes de diverso tipo y condición han despotricado contra el trabajo del funcionario para toda la vida, en un afán de protagonismo y de socavar, aún más, los derechos de los trabajadores. Cuando escucho memeces de tal calado me vienen a la cabeza dos o tres cuestiones que voy a comentar a continuación.
Cuando a principios del siglo pasado el conde de Romanones ocupaba una cartera ministerial era bien conocida la anécdota que sigue: el nuevo ministro fletaba un tren, creo recordar que desde Toledo, para transportar toda su corte de personajes a los que colocaba convenientemente en la Administración. Evidente, este favoritismo, llamémosle así, conllevaba que los tipos que ocupaban cargos en la Administración, muchos de funcionariado, debían ponerse al día y, en muchos casos, antes de que ésto sucediera podían haber perdido su puesto. Derivado de este ejemplo encontramos una segunda cuestión: ¿el lector cree que la Policía, un fiscal o un juez hubieran investigado el asunto Camps o el de Urdangarín si su puesto hubiera sido concedido graciosamente por el gobierno de turno? ¿El lector cree que los técnicos de Medio Ambiente se hubieran opuesto a un proyecto en la Sierra de Ávila, contraviniendo las opiniones de los políticos, que por cierto han hecho lo que les ha dado la gana, si el puesto de trabajo de esos técnicos dependiera de los políticos? ¿Hubiese sido posible que los técnicos del Banco de España hubiese advertido en repetidas ocasiones a los últimos gobernadores del Banco de España del desastre que iba a suponer la política de los bancos, aunque Caruana y MAFO pasaran del tema? Evidentemente, la respuesta es no.
Es más, estos ejemplos dejan entrever una tercera cuestión: en muchas ocasiones los empleados públicos hacen su labor de manera más que correcta y son los cargos políticos, o la Justicia, los que se encargan de boicotear dicha labor.
Tampoco es desdeñable el asunto de la productividad de los funcionarios. ¿Cómo se mide la productividad de un funcionario? ¿Por el número de libros que presta una biblioteca? ¿Por el número de incendios que se apaga? ¿Por el número de transplantes? ¿Por el número de operaciones? ¿Por el número de aprobados, aunque luego el nivel del alumno sea ínfimo? ¿Por el número de sellos que se han de poner a un papel? Resulta curioso que en este último aspecto los políticos sean los que continuamente hablen de agilizar trámites. Si los trámites son farragosos, además de la desidia que se supone de los funcionarios, sea ésta real o no, las normas existentes, creadas, o no creadas, por los políticos (entre ellos por personajes como Esperanza Aguirre, tan antifuncionarial ella), también tendrán la culpa. Lo que nos da a entender que no todo el problema está en el fulano que se va a tomar el café.
Me gustaría tratar una última cuestión antes de concluir la entrada de hoy para completar el tema. Con la aparición de las CC.AA. la Oferta de Empleo Público aumentó de manera significativa. Dejando de lado algunos procesos de consolidación de empleo vergonzosos, tal vez demasiados, resulta evidente que, además de contratar a personal para la Administración General, en exceso seguramente, esa mayor cuantía en la Oferta de Empleo Público, también llevó aparejada un aumento significativo en el número de docentes contratados, en el número de trabajadores dedicados a la Sanidad, a Servicios Sociales... Por tanto, una parte considerable de ese aumento de personal redundó en beneficio de todos. Repito, sin olvidar que también se actuó en ocasiones de manera disparatada y amiguista.
Tal vez, lo consecuente sería hacer un reajuste de personal, amortizando plazas innecesarias y creando otras nuevas, allí donde se necesiten, donde irían destinados los funcionarios amortizados. Pero claro, para eso se necesita un estudio real del funcionamiento de la Administración y es más fácil despotricar contra los trabajadores públicos que afrontar los problemas reales por parte de los políticos.
Un saludo.
Retomemos el tema del funcionamiento de la Administración. Personajes de diverso tipo y condición han despotricado contra el trabajo del funcionario para toda la vida, en un afán de protagonismo y de socavar, aún más, los derechos de los trabajadores. Cuando escucho memeces de tal calado me vienen a la cabeza dos o tres cuestiones que voy a comentar a continuación.
Cuando a principios del siglo pasado el conde de Romanones ocupaba una cartera ministerial era bien conocida la anécdota que sigue: el nuevo ministro fletaba un tren, creo recordar que desde Toledo, para transportar toda su corte de personajes a los que colocaba convenientemente en la Administración. Evidente, este favoritismo, llamémosle así, conllevaba que los tipos que ocupaban cargos en la Administración, muchos de funcionariado, debían ponerse al día y, en muchos casos, antes de que ésto sucediera podían haber perdido su puesto. Derivado de este ejemplo encontramos una segunda cuestión: ¿el lector cree que la Policía, un fiscal o un juez hubieran investigado el asunto Camps o el de Urdangarín si su puesto hubiera sido concedido graciosamente por el gobierno de turno? ¿El lector cree que los técnicos de Medio Ambiente se hubieran opuesto a un proyecto en la Sierra de Ávila, contraviniendo las opiniones de los políticos, que por cierto han hecho lo que les ha dado la gana, si el puesto de trabajo de esos técnicos dependiera de los políticos? ¿Hubiese sido posible que los técnicos del Banco de España hubiese advertido en repetidas ocasiones a los últimos gobernadores del Banco de España del desastre que iba a suponer la política de los bancos, aunque Caruana y MAFO pasaran del tema? Evidentemente, la respuesta es no.
Es más, estos ejemplos dejan entrever una tercera cuestión: en muchas ocasiones los empleados públicos hacen su labor de manera más que correcta y son los cargos políticos, o la Justicia, los que se encargan de boicotear dicha labor.
Tampoco es desdeñable el asunto de la productividad de los funcionarios. ¿Cómo se mide la productividad de un funcionario? ¿Por el número de libros que presta una biblioteca? ¿Por el número de incendios que se apaga? ¿Por el número de transplantes? ¿Por el número de operaciones? ¿Por el número de aprobados, aunque luego el nivel del alumno sea ínfimo? ¿Por el número de sellos que se han de poner a un papel? Resulta curioso que en este último aspecto los políticos sean los que continuamente hablen de agilizar trámites. Si los trámites son farragosos, además de la desidia que se supone de los funcionarios, sea ésta real o no, las normas existentes, creadas, o no creadas, por los políticos (entre ellos por personajes como Esperanza Aguirre, tan antifuncionarial ella), también tendrán la culpa. Lo que nos da a entender que no todo el problema está en el fulano que se va a tomar el café.
Me gustaría tratar una última cuestión antes de concluir la entrada de hoy para completar el tema. Con la aparición de las CC.AA. la Oferta de Empleo Público aumentó de manera significativa. Dejando de lado algunos procesos de consolidación de empleo vergonzosos, tal vez demasiados, resulta evidente que, además de contratar a personal para la Administración General, en exceso seguramente, esa mayor cuantía en la Oferta de Empleo Público, también llevó aparejada un aumento significativo en el número de docentes contratados, en el número de trabajadores dedicados a la Sanidad, a Servicios Sociales... Por tanto, una parte considerable de ese aumento de personal redundó en beneficio de todos. Repito, sin olvidar que también se actuó en ocasiones de manera disparatada y amiguista.
Tal vez, lo consecuente sería hacer un reajuste de personal, amortizando plazas innecesarias y creando otras nuevas, allí donde se necesiten, donde irían destinados los funcionarios amortizados. Pero claro, para eso se necesita un estudio real del funcionamiento de la Administración y es más fácil despotricar contra los trabajadores públicos que afrontar los problemas reales por parte de los políticos.
Un saludo.
2 comentarios:
Tal y como muy bien dices, el funcionario de hoy no tiene nada que ver con el retratado por Larra o Galdós, ni incluso el caricaturizado por Forges. El problema está en la duplicidad de funciones en algunas autonomías, en la existencia del amiguismo en ayuntamientos para determinados puestos, en el abuso de autoridad de algunos de ellos (como es el caso de la Guardia Urbana de Barcelona, y los Mossos d'Esquadra), que en un porcentaje bastante elevado, tienen un comportamiento prepotente y desagradable con el ciudadano, y sobretodo, en los puestos de alto nivel, normalmente cambiantes según el partido político que gobierne, y que se suelen adjudicar, no a las personas idóneas para esos puestos, sino a amigos de pupitre o inútiles del partido, a los que pagan de esta manera su contribución a "la causa."
Como siempre, el vicio de generalizar y de fijarse en lo malo, en lugar de ver lo bueno, hace que se siga manteniendo esa injusta imagen del funcionario, pero por suerte, cada vez más mitigada.
Saludos y un abrazo.
Hola Carlos, un placer tenerte por aquí de nuevo.
Como bien dices existen cuestiones que mejorar, algunas mucho, pero lo fundamental es ser conscientes de que una buena parte de los servicios que recibimos, no sólo educación y sanidad, se hace a través de empleados públicos. Tal vez lo que ocurra es que, además del desconocimiento, existe una percepción de que todo funciona más o menos bien y por ello nos seamos conscientes de lo que nos proporcionan los servicios que nos ofrecen las administraciones a través de los trabajadores públicos.
Un saludo.
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