LOS PERSEGUIDORES PERSEGUIDOS (I)

En nuestro país se ha puesto de moda en los últimos tiempos una forma de demandar respuestas a los políticos que se conoce con el nombre de escrache. 

Podemos definir tal actividad como una forma pacífica de demandar los derechos básicos de una parte de los conciudadanos, realizado por parte de un sector de la población, que lo hace frente al lugar de trabajo, el domicilio o cualquier otro lugar relacionado con la personas, en este caso un político, implicado, de una u otra forma en el asunto. En nuestro país lo está poniendo en práctica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (en adelante PAH), siguiendo a políticos del Partido Popular del más alto nivel. Políticos que dicen sentirse acosados y a los que el Ministerio de Interior ha prometido prestar todo su "apoyo" para no sufrir estos ataques antidemocráticos", en palabras de algún miembro destacado (vete tú a saber en qué) del partido en el Gobierno.

Aunque es una práctica relativamente nueva en nuestro país, la primera vez que se puso en práctica fue en 2009, por parte de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Galicia, las actuaciones no han pasado desapercibidas y parecen intranquilizar a parte de "nuestra clase política", muy dada a exteriorizar e intentar reprimir todo aquello que afecta a su estatus, caracterizado por la inacción y la molicie, la cuestión parece "preocupar" a todo un desgobierno. Item más, si había alguna duda sobre el norte ideológico de un partido como UPyD, su posición respecto a esta forma de movilización ha despejado cualquier posible incógnita: todo lo que consista en pedir y demandar derechos fuera del Parlamento, o de los medios de comunicación afines, puede considerarse poco más o menos como una forma de guerrilla urbana. Personalmente, lo que piense una mujer que lleva varias décadas medrando de la política, me la trae al pairo. Aunque, casi con total seguridad, volveremos sobre el asunto de la vasca y su partido; pero éso será más adelante.

Cuando he realizado el intento de definición he obviado un calificativo, humanos, que acompaña a la palabra derechos. Dicha omisión la he realizado de manera intencionada, pues nadie duda de que derechos como la vivienda, en propiedad o alquiler, constituye un una circunstancia inalienable, que debería ser consustancial a la mera existencia del ser humano. Por tanto me parece redundante añadir dicha palabra, que se  ha de dar por sobreentendida, al menos desde mi punto de vista. Sin embargo, la lucha por conseguir un derecho fundamental en un país de los llamados del Primer Mundo no resulta cuestión menor. Veamos por qué.

La legislación actual que regula las relaciones entre los prestamistas, el sector financiero, y los prestatarios data de principios del siglo XX; lo que nos proporciona una idea aproximada de por donde van los tiros. En líneas generales, la doctrina jurídica española favorece al prestamista, hasta extremos sangrantes, considerándose que la deuda debe ser saldada en su totalidad. Lo que en un principio pudiera parecer justo, que aquel que da recupere todo su dinero, en realidad se convierte en una trampa sin fin, pues el inmueble, "pierde" su valor, como por arte de ensalmo, cuando de cancelar la deuda se trata. En otras palabras si la vivienda fue tasada por el banco en 200.000 cuando se concedió el crédito, si el comprador de la misma no puede devolver la hipoteca, la tasación del inmueble en ese momento es sensiblemente inferior, muy inferior, al que en un principio tenía. Este hecho genera que además de perder la vivienda se siga dinero al banco. Algo de locos o de usureros.

La PAH  ha intentado, e intenta, cambiar esta situación (algún partido político y otros movimientos ciudadanos también persiguen este mismo fin), buscando que el ciudadano no se vea amarrado de por vida a una deuda, que es responsabilidad tanto de ellos, del propio ciudadano, como de la entidad prestamista, que incluso, fruto de esta política económica desastrosa, puede haber necesitado dinero público, de todos, para seguir existiendo. Existe la posibilidad de que sobre este punto, la responsabilidad de la empresas prestatarias, haya versiones distintas a la expuesta hace unas líneas, pero a mi no me cabe duda de que en un negocio ambas partes son responsables del resultado final. E igual que si todo sale bien, todo el mundo gana, cuando la relación comercial fracasa, ambas deben salir perdiendo, pues ambos, de mutuo acuerdo, han realizado un contrato. Cuestión diferente son las cláusulas abusivas, ilegales según los dictados jurídicos de los tribunales europeos. En este sentido, las condiciones que imponían los bancos deja bien a las claras que ellos, en teoría, si conocían en profundidad lo que se traían entre manos.

Como el lector conoce sobradamente, la PAH ha realizado campañas activas para cambiar la legislación vigente respecto al sector hipotecario. Entre las acciones realizadas se encuentran la recogida de firmas, evitar desahucios mediante resistencia pacífica, colapsar los juzgados con actos judiciales, los mencionados escraches...
De entre todas las acciones los medios de comunicación, que no de información, han dado especial protagonismos a los escraches. ¿Por qué? En general, intuyo, por la novedad. En particular, los medios más de muy derechas, casi todos, porque todo lo que se relacione con protestas y reivindicaciones en la calle, aunque sean pacíficas, suelen provocarles urticaria. Especialmente si dichas manifestaciones no están relacionadas con su modelo de familia, con el aborto o con el terrorismo (contra el que parecen haber luchado ellos solos). Si a lo anterior le unimos que, como escribí hace tiempo,  no se necesita un excesivo número personas para meter el miedo en el cuerpo a los que ocupan el poder y a sus adláteres mediáticos, basta la constancia y un cierto nivel de organización, obtenemos lo que estamos viviendo en estos días: una caza de brujas contra la portavoz de la PAH y contra la propia plataforma. De nuevo, lo justo o injusto de la reivindicación de los miembros de la citada organización intenta ser obviado por parte de los miembros del Partido Popular y sus mamporreros mediáticos. La estrategia: lanzar insidias varias contra los protagonistas de la campaña en contra de una ley hipotecaria injusta y semifeudal. ¿Cuál es la acusación? Coquetear con terroristas, o ser, directamente, terroristas. ¡Con dos cojones!
Pero sobre este aspecto, tal vez el más mediático, pero, desde mi punto de vista, el menos trascendental (importan más las personas desahuciadas), trataremos en la siguiente entrada, que será la segunda parte de ésta.