Aunque mi intención había sido tratar el tema de Bildu ayer, cuestiones que mucho más interesantes en mi vida, la celebración del cumpleaños de mi hijo, me hizo tirar de una entrada diseñada con unos días de antelación, en previsión del esfuerzo y falta de tiempo que iba a suponer dicho acto, como así fue. A pesar de todo considero que nunca es tarde y ahí van mis reflexiones, más o menos acertadas, al respecto.
Una vez más, considero fundamental separar el grano de la paja antes de abordar un tema y en este caso no hay excepción posible, pues, de otra manera, el planteamiento quedaría cojo y falsearía en cierta forma la realidad. Por ello debemos considerar, antes de introducirnos en mayores cuestiones, que, desgraciadamente, tanto el la Sala 61 del Tribunal Supremo, como el Pleno del Tribunal Constitucional se constituyen de personas elegidas, de una u otra forma, y asociadas, en mayor o menor medida, a los dos partidos políticos mayoritarios de este país (una vez más la partitocracia haciendo de las suyas), por lo que cualquier resultado que se produzca sobre el tema que sea, estará viciado de antemano por la inferencia de los partidos a la hora de asegurarse fidelidades, al menos ideológicas, y, al menos a priori, de las personas que han de decidir sobre hechos transcendentales de nuestra vida política. Posiblemente, por ello las decisiones sobre el tema que nos ocupa hoy, el de la posibilidad de presentarse a las elecciones de dentro de dos semanas de Bildu, haya contado con mayorías tan exiguas en ambos casos en los diferentes estamentos judiciales. El reparto de cupos entre los dos partidos políticos más poderosos del país, provoca decisiones "ajustadas" y "controvertidas".
Una vez realizada esta necesaria aclaración, parece oportuno entrar en el meollo de la cuestión. Para ello nada mejor que aclarar cual es la labor del Tribunal Constitucional. Dicho tribunal no juzga la culpabilidad o inocencia de la gente, instituciones o lo que fuere, eso queda para otras instancias judiciales, que deben enfrentarse a una pila de pruebas inculpatorias o exculpatorias. La función del TC es asegurar que el tipo, asociación, institución, etc. que ha sido juzgado lo ha sido con todas las garantías que la Constitución ofrece. En otras palabras: debe velar por que las personas o entidades juzgadas lo hayan de acuerdo a derecho.
Partiendo de este supuesto, parece claro que no nos encontramos ante un institución cualquiera, posiblemente, al menos así me lo parece a mi, ante una de las más importantes de nuestro país, pues el TC vela para que se cumpla la ley fundamental por la que nos regimos los españoles, la Constitución de 1978, vigilando que se cumpla lo escrito en ella. Tanto el poder legislativo, como el ejecutivo, como el judicial están "sometidos" a su jurisdicción en este aspecto. Parece claro que éste órgano, al menos a priori, es el garante de nuestras libertades, y también de nuestras obligaciones, por lo que sus decisiones, nos gusten o no, revisten una trascendencia especial.
Cuando se produce el fallo, que favorece a Bildu, el TC alega que lo que existen, o parecen existir, contra el sucesor de Batasuna, son indicios, no pruebas. Este pequeño detalle se torna en la clave del asunto. En nuestro país, guste más o menos (a mi mucho), nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario, es decir: todos somos inocentes, y no se puede hacer responsable a persona o entidad alguna de algo, sólo por la existencia de indicios (a uno lo de culpar a otro a través de indicios le recuerda a aquella maravillosa parodia de Gila, en la que detenía a Jack el Destripador mediante insinuaciones, por no tener pruebas, cada vez que veía al asesino, el personaje que encarnaba el genial cómico decía: "aquí alguien a matado a alguien"). La esencia de la vida social en nuestro país, y en cualquier otro, se debe basar en el respeto al menos a las leyes básicas que rigen nuestra vida en sociedad y entre esas leyes básicas se encuentra la Constitución (ésa que se saltan los políticos en lo referido a los derechos programáticos, vivienda, trabajo, pensiones dignas...).
Por tanto, ahora entraremos en el tema, todas la protestas sobre la ineficacia de esta disposición para acabar con el terrorismo y otras cuestiones similares, nada tienen que ver con el hecho fundamental que es el respeto a las libertades de los ciudadanos de este país, aunque ellos no quieran pertenecer al mismo, incluso hasta en eso les ampara la Constitución, siempre que no utilicen métodos violentos.
Sobre la conveniencia o no de dicha manifestación favorable por parte del TC a las tesis de Bildu, podemos opinar lo que deseemos, derecho recogido, igualmente, en la Constitución. Tal vez todo sea una estratagema de la banda asesina ETA, tal vez exista un movimiento interno con ánimo de cambio en Batasuna, tal vez estemos en un paso intermedio entre la primera y la segunda opción. Los únicos que tendrán una idea aproximada de lo que sucede realmente, además de los protagonistas, deben de ser el gobierno y el partido mayoritario de la oposición, los contactos al respecto entre Rubalcaba y Trillo, para tratar sobre el tema terrorismo y aledaños, son continuos. Todo lo que yo pueda aventurar no es más que eso, aventurar sin ningún fundamento. Por tanto no voy a postular que reconocer el derecho de Bildu para presentarse a las elecciones sea un paso atrás en la lucha contra la banda asesina ETA o un impulso definitivo para acabar con el terrorismo, no lo sé a ciencia cierta. Ni lo sé yo, ni lo saben los miembros de la AVT, ni los períodicos de derechas, ni los autodenominados progresistas, ni Dios que lo fundó. Cada uno aporta su opinión, pero dicha opinión debe fundamentarse en una única cuestión: el respeto a los derechos de los miembros de Bildu, reconocidos por el TC, reconociendo que pueden y deben presentarse, pues así lo ha decidido el órgano que garantiza, al menos a priori, que no se vulneren las libertades de los ciudadanos españoles. Se podrá cuestionar que dicha decisión fortalezca al mundo patriota vasco y al entorno etarra, o no, pero lo que no podrá ni deberá cuestionar es que no existen pruebas reales que asocien a Bildu con ETA, al menos de momento, si dentro de un par de horas, mañana o el mes que viene aparecen es otra cuestión, pero según el TC, no existen (a pesar de las últimas actas de ETA de hace más de un año, presentadas a última hora por, no recuerdo si Policía o Guardia Civil. Me resulta extraño que dichas actas fueran presentadas de esa manera tan "precipitada"). Por tanto, todas esas manifestaciones extemporáneas sobre el ataque al estado de derecho, la vuelta a tiempos pasados y bla, bla, bla no son más que, una vez más, un intento de manipular a la opinión pública, en muchos casos aprovechándose de lo sentimental, para imponer ciertas tesis que, directamente, chocan con nuestra Constitución. Como ellos decían: "No en mi nombre". Y como digo yo: prefiero un sistema judicial imperfecto a un estado policial en manos de tres caciques que manipulan, o lo intentan, a los ciudadanos, apelando al miedo y a los sentimientos.
Un saludo.
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