Ayer dejamos la cosa en los supuestos ideológicos que han de regir los destinos de este país, y seguramente lo de cual otro. Dichos supuestos, basados en la redistribución de la riqueza que permita acceder a una serie de servicios básicos, mucho más elevados que los actuales, han de marcar como ha de ser el desarrollo y la construcción de nuestra sociedad. Para hoy habíamos dejado como conseguir que estos principios rectores se lleven a cabo en la realidad.
No constituye secreto alguno que para poner en práctica un modelo democrático basado en la justicia social, en la justicia a secas diría yo, se necesita por un lado dinero y por otro predisposición. Sobre el dinero trataremos a continuación; sobre la predisposición a uno le parece claro que cuando los ciudadanos reciban y conciban que existen alternativas una buena parte de ello no dudarán en considerar esta opción como viable y deseable. A diferencia de estos gobiernos y economistas patológicos, que ofrecen recortes de derechos como fórmula infalible para crear riqueza, no en repartirla, matiz fundamental, sin basarse más que en suposiciones, que además no han funcionado jamás, propongo algo cuyos resultados se pueden constatar en muy breve periodo de tiempo y no necesitan que se crean en ello como un dogma de fe.
De entrada deberíamos replantearnos el modelo de estado que pretendemos. No cabe en cabeza humana que en un estatuto de autonomía se deleguen competencias, que a su vez han sido delegadas o transferidas por el Estado, a otras entidades como las Diputaciones, por poner un ejemplo. Esta delegación o solapamiento de competencias supone una degeneración del sistema político, que nos sale por un pico a todos los ciudadanos españoles. La simplificación de la administración en lo que respecta a entidades politicas se plantea como necesario. Hace bien poco veía un programa donde varios senadores de distintos partidos reconocían que lo que hacían en esa cámara no servía para nada. Uno de los senadores cifraba en 4.500 millones de euros anuales el costo del Senado y las Diputaciones provinciales. Sobre la centralización de ciertas competencias: Sanidad, Educación, Dependencia... para conseguir un mínimo común para todos los ciudadanos no tengo duda alguna. Las CC.AA. deberían encargarse de gestionar los recursos materiales y humanos para adecuar la respuesta a las características de sus territorios, pero nada más. Por ahí podíamos seguir ahorrando en cargos, carguillos y carguetes ocupados por amigos, generalmente inoperantes, del político estulto de turno. Si a ellos le unimos que todo lo referido a urbanismo debería volver al Estado, evitando, al menos en cierta medida, que mediante la distancia e impersonalización del funcionariado la corrupción urbanística, esas que salpican por igual a empresarios y partidos políticos, a la hora de plantear destruir espacios naturales que son de todos, por ejemplo.
Hablando de corrupción, el mundo de la política debería limitar el número de mandatos a todas aquellas personas que ocupan un cargo a dos. No pudiendo permanecer nadie más de un tiempo prudencial, pongamos un período de entre 15 o 18 años, en esta actividad de manera ininterrumpida (el caso de Beteta, el fulano que jocosamente dijo que los cafés se habían acabado, es un ejemplo de ello. El pollo lleva 29 años ininterrumpidos ostentando cargos políticos).
La profesionalización de los encargados de dirigir los órganos de control: Tribunal de Cuentas, Banco de España, Fiscalía, Tribunal Constitucional... contribuiría a que el primer patán, amigo del presidente de turno, no ensucie y entorpezca el funcionamiento del sistema y, por ende, de la democracia. Dicha profesionalización se basará en que los técnicos de las diferentes materias, trabajadores de la Administración, dirijan los organismos que han de velar por el cumplimiento leal de lo dispuesto en la Constitución.
La profesionalización de los encargados de dirigir los órganos de control: Tribunal de Cuentas, Banco de España, Fiscalía, Tribunal Constitucional... contribuiría a que el primer patán, amigo del presidente de turno, no ensucie y entorpezca el funcionamiento del sistema y, por ende, de la democracia. Dicha profesionalización se basará en que los técnicos de las diferentes materias, trabajadores de la Administración, dirijan los organismos que han de velar por el cumplimiento leal de lo dispuesto en la Constitución.
Por supuesto el endurecimiento de las penas por corrupción, con la creación de una figura delictiva que podría ser perfectamente algo parecido a delito contra la ciudadanía, con consecuencias, graves, penales debería ser una de las necesidades para limpiar esta clase política nepotista y endogámica. Dicha figura se aplicaría tanto al político como al corruptor, generalmente un empresario. Diez años de cárcel,como mínimo, serviría para que más de uno se planteara su forma de actuar.
Pero no sólo los políticos, y los empresarios, deberían cambiar su forma de actuar. La progresividad real de los impuestos directos con una mayor carga impositiva, muy superior a la actual, para las grandes fortunas y las grandes empresas permitirían recaudar más dinero, sangrando menos al que menos tiene. La bajada de impuestos indirectos, como el I.V.A. y de las tasas, especialmente aquellas indispensables como las universitarias, deberían ser una realidad. Todas estas medidas se deberán complementar con una persecución eficaz del fraude, multiplicando, al menos, por cinco la plantilla de inspectores y técnicos de Hacienda, contribuiría a que tanto las grandes fortunas, como el ciudadano de a pie, tenga más dificultades para defraudar. Aunque en un principio la persecución del fraude se debería centrar en los grandes defraudadores, una minoría que roba a todos los ciudadanos una cantidad que ronda las 3/4 partes de lo defraudado. Las penas para estos grandes defraudadores no deberían ser menores de 10 años de cárcel. De igual manera deberían existir campañas de persecución del fraude a pequeña escala con posterioridad. Tal vez, cuando contemplemos que los servicios funcionan mejor a todos nos cueste un poco menos contribuir al sostenimiento de los mismos. Esta progresividad incluso se debía extender a asuntos como las sanciones. Por ejemplo: para una persona con 100.000 euros de ingresos anuales una multa de 100 euros por exceso de velocidad supone bien poco. Esa misma sanción para una persona con unos ingresos de 12.000 euros anuales supone bastante más.
Respecto a recaudar y redistribuir recursos parece oportuno que las religiones se financien por sus propios medios, aquél que lo desee que afloje la mosca en el cepillo de la iglesia, mezquita..., pero jamás debería salir ni un sólo céntimo de dinero público destinado a subvencionar credos. De igual manera los maestros y profesores de religión deberán salir de los centros públicos y privados concertados, siendo sustituidos por docentes de Lengua o Matemáticas. Sobre si la Iglesia o cualquier otra institución religiosa debe pagar el I.B.I. no hay duda alguna: unos 3.000 millones de euros anuales son necesarios para implementar políticas de igualdad.
De igual manera el dinero destinado a formación, gestionado por sindicatos y C.E.O.E, si mal no recuerdo unos 8.000 millones de euros, con un índice de colocación en torno al 5%, debería desaparecer, encargándose las oficinas del I.N.E.M. de la gestión de tal dinero, mejor dicho de una cuarta parte de ese dinero. A este respecto deberían desaparecer las diferentes oficinas de empleo autonómicas, siendo gestionado todo por el Estado a través del citado I.N.E.M.
Los partidos políticos recibirían menos dinero público, aproximadamente la mitad, y las campañas electorales, pagadas por el Estado, consistirían en introducir los programas electorales de cada partido en los buzones que todos tenemos y en espacios y debates televisivos y radiófonicos gratuitos. El resto es dinero del contribuyente desperdiciado. Por supuesto fundaciones como FAES o IDEAS, entre otras, pertenecientes a partidos políticos dejarían de recibir cualquier tipo de subvención pública.
El incumplimiento deliberado del programa electoral por parte de los partidos que alcancen el poder debería constituir un delito, creándose una figura penal al respecto. Los políticos deben aprender que al salir elegidos lo hacen para defender los supuestos que figuran en su programa electoral, no para seguir en la poltrona a cualquier precio.
Aspectos como la supresión progresiva de las centrales nucleares, se podía empezar por Garoña (ya se aumentó la capacidad de producir electricidad de Almaraz en previsión del cierre de la vetusta central burgalesa), y la apuesta decidida por las energías renovables, que en algunas circunstancias ya suponen el 20% de la energía producida deberían ser centrales en la nueva política. Las energías renovables, cuya forma de producción resulta cada vez más eficiente, contribuirán a una menor dependencia de recursos fósiles y a una mejor conservación de nuestro medio. Alguien podrá alegar que producir energía nuclear resulta más barato. Resulta lógico pensar que unos residuos que duran más de 10.000 años, periodo que deben estar controlados, a la larga no resultan tan baratos, ni seguros.
El aumento del transporte de mercancías por tren, que además deberá usar más la electricidad y menos recursos fósiles, supondrá un abaratamiento de los costes de las mercancías, una forma más ecológica de realizar el acarreo de mercancías, una menor dependencia del petróleo y la reactivación de zonas más o menos deprimidas. En ese sentido los planes de la U.E. ya apuestan por ello, incluso en nuestro país, aunque olvidando algunas de las zonas más deprimidas económicamente de nuestro país.
Los gastos en investigación deberían suponer un porcentaje importante, nunca menor del 2,5% del P.I.B. Contrariamente a lo que está ocurriendo se debería tender a que, al menos, se mantengan año a año. No creo necesario subvencionar a empresas que inviertan en investigación, pues están invirtiendo en sus subsistencia y en futuras ganancias.
Si se podrá ayudar a empresas, siempre pequeñas y medianas, que aumenten su plantilla, con un reducción, por ejemplo de un 10 o 20% en las cotizaciones sociales durante un año. Es una forma de premiar a los que invierten en ampliar su negocio y no sólo piensan, quedarse con las ganancias, en repartir ganancias. En este aspecto, huelga decirlo, la reforma laboral debería ser derogada y tender a un reparto del trabajo, como ocurren en Alemania, cuando éste falte. Menos horas, menos sueldo, pero no al paro, siempre que exista motivo justificado, supervisado tanto por los sindicatos como por la administración pertinente.
La optimización del uso del agua, especialmente en aspectos como el riego de las tierras de producción, mediante la aplicación de sistemas de riego eficiente, que eviten tanto pérdidas como el riego a manta, debería constituir otro de los aspectos fundamentales. Igualmente la tendencia progresiva a consumir abonos y pesticidas naturales abaratarían los costes de estos y, por ende, los de producción de los productos agrícolas. De igual manera se deberían potenciar las industrias de transformación de productos agrícolas, creando un tejido industrial propio en este sector, que permita a los propios agricultores presentar un producto final elaborado a los mercados. La vigilancia y reducción de los márgenes de los asentadores y grandes superficies comerciales (que pueden llegar a ser lo mismo) facilitaría una mejora en el dinero recibido por los agricultores por sus productos y una disminución en el precio final de los mismos, de la que nos beneficiaríamos todos.
Cuidar el turismo, nuestra primera industria, debería ser una prioridad y para ello es fundamental no destrozar nuestra riqueza medioambiental. Todas las actuaciones deben ir encaminadas a ofrecer unos servicios de calidad, pudiendo hacer partícipes a los turistas de una diversidad que debe ser un sello de calidad y distinción. No todo el mundo quiere Sol y playa y a esos también hay que cuidarles. Al igual que a nuestros hijos y nietos, que deben recibir, al menos, lo mismo que recibimos nosotros.
La creación de una banca pública constituye otro de los aspectos fundamentales. A pesar de que nos quieren vender como cierta la estupidez de que lo privado siempre funciona mejor, no tenemos más que mirar hacia nuestro sistema financiero, al internacional le ha pasado exactamente lo mismo, para comprobar que se trata de una mentira y que, en muchos aspectos, lo privado mejora cuando tiene competencia pública.
Se ha de perseguir con saña, con multas astronómicas, especialmente si reinciden, a aquellos oligopolios que pactan la alteración el precio final de los productos para aumentar el margen de sus beneficios. Como he dicho en el párrafo anterior lo privado no funciona mejor que lo público. Diría más, cuando lo público desaparece, por ensalmo se comprueba que los precios de los productos y servicios suben de manera ¿incomprensible? En este país tenemos ejemplos varios por ejemplo el del precio y la calidad del ADSL, de los más lentos y caros de toda Europa, o el precio de los carburantes, los terceros más caros antes de impuestos de toda la U.E. No debería temblarle el pulso al gobierno de turno a la hora de volver a hacer públicas grandes empresas que en su día lo fueron y que con su privatización ha contribuido a encarecer y empeorar la oferta al consumidor.
La inversión en Sanidad, Educación y Dependencia debe aumentar significativamente, a pesar de que hasta hace bien poco la sanidad española, una de las mejores del mundo, funcionara con una cantidad de dinero muy pequeña en comparación con otras muchas, que funcionaban peor. La gran calidad en muchos aspectos de los científicos relacionados con la medicina españoles deja bien a las claras que cuando se invierte el beneficio repercute no sólo en los ciudadanos, también en la economía real.
Asunto aparte lo constituye la política exterior española, que fluctúa en función de las filias y fobias del presidente del Gobierno de turno. Un consenso básico en aspectos como la ayuda al desarrollo, nuestro papel en lugares tan siniestros como al O.T.A.N, el asunto de Gibraltar, nuestra visión de la U.E... deberían gozar de un consenso sólido, que no varíe en función de amistades o enemistades personales, lo que nos ha llevado a que distintos personajes que dicen representarnos no ridiculicen urbi et orbe.
La persecución y supresión de paraísos fiscales, entre ellos la figura de las entidades de tenencia de valores extranjeros, creación propia española que permite cosas como la siguen:
http://elpais.com/diario/2011/02/27/economia/1298761201_850215.html
Esto acompañado de un impuestos sobre los movimientos financieros, así como la subida de impuestos a las rentas del capital, llegando a igualarse a las del trabajo, contribuirá decisivamente a llenar las arcas de nuestras administraciones.
En el fondo, y olvidando muchas cuestiones, se trata de repartir lo que hay en el país, contribuyendo al bienestar colectivo en función de los recursos, invirtiendo estos recursos no sólo en el bienestar del ciudadano, si no en construir un futuro mejor para todos.
Un saludo.
Pero no sólo los políticos, y los empresarios, deberían cambiar su forma de actuar. La progresividad real de los impuestos directos con una mayor carga impositiva, muy superior a la actual, para las grandes fortunas y las grandes empresas permitirían recaudar más dinero, sangrando menos al que menos tiene. La bajada de impuestos indirectos, como el I.V.A. y de las tasas, especialmente aquellas indispensables como las universitarias, deberían ser una realidad. Todas estas medidas se deberán complementar con una persecución eficaz del fraude, multiplicando, al menos, por cinco la plantilla de inspectores y técnicos de Hacienda, contribuiría a que tanto las grandes fortunas, como el ciudadano de a pie, tenga más dificultades para defraudar. Aunque en un principio la persecución del fraude se debería centrar en los grandes defraudadores, una minoría que roba a todos los ciudadanos una cantidad que ronda las 3/4 partes de lo defraudado. Las penas para estos grandes defraudadores no deberían ser menores de 10 años de cárcel. De igual manera deberían existir campañas de persecución del fraude a pequeña escala con posterioridad. Tal vez, cuando contemplemos que los servicios funcionan mejor a todos nos cueste un poco menos contribuir al sostenimiento de los mismos. Esta progresividad incluso se debía extender a asuntos como las sanciones. Por ejemplo: para una persona con 100.000 euros de ingresos anuales una multa de 100 euros por exceso de velocidad supone bien poco. Esa misma sanción para una persona con unos ingresos de 12.000 euros anuales supone bastante más.
Respecto a recaudar y redistribuir recursos parece oportuno que las religiones se financien por sus propios medios, aquél que lo desee que afloje la mosca en el cepillo de la iglesia, mezquita..., pero jamás debería salir ni un sólo céntimo de dinero público destinado a subvencionar credos. De igual manera los maestros y profesores de religión deberán salir de los centros públicos y privados concertados, siendo sustituidos por docentes de Lengua o Matemáticas. Sobre si la Iglesia o cualquier otra institución religiosa debe pagar el I.B.I. no hay duda alguna: unos 3.000 millones de euros anuales son necesarios para implementar políticas de igualdad.
De igual manera el dinero destinado a formación, gestionado por sindicatos y C.E.O.E, si mal no recuerdo unos 8.000 millones de euros, con un índice de colocación en torno al 5%, debería desaparecer, encargándose las oficinas del I.N.E.M. de la gestión de tal dinero, mejor dicho de una cuarta parte de ese dinero. A este respecto deberían desaparecer las diferentes oficinas de empleo autonómicas, siendo gestionado todo por el Estado a través del citado I.N.E.M.
Los partidos políticos recibirían menos dinero público, aproximadamente la mitad, y las campañas electorales, pagadas por el Estado, consistirían en introducir los programas electorales de cada partido en los buzones que todos tenemos y en espacios y debates televisivos y radiófonicos gratuitos. El resto es dinero del contribuyente desperdiciado. Por supuesto fundaciones como FAES o IDEAS, entre otras, pertenecientes a partidos políticos dejarían de recibir cualquier tipo de subvención pública.
El incumplimiento deliberado del programa electoral por parte de los partidos que alcancen el poder debería constituir un delito, creándose una figura penal al respecto. Los políticos deben aprender que al salir elegidos lo hacen para defender los supuestos que figuran en su programa electoral, no para seguir en la poltrona a cualquier precio.
Aspectos como la supresión progresiva de las centrales nucleares, se podía empezar por Garoña (ya se aumentó la capacidad de producir electricidad de Almaraz en previsión del cierre de la vetusta central burgalesa), y la apuesta decidida por las energías renovables, que en algunas circunstancias ya suponen el 20% de la energía producida deberían ser centrales en la nueva política. Las energías renovables, cuya forma de producción resulta cada vez más eficiente, contribuirán a una menor dependencia de recursos fósiles y a una mejor conservación de nuestro medio. Alguien podrá alegar que producir energía nuclear resulta más barato. Resulta lógico pensar que unos residuos que duran más de 10.000 años, periodo que deben estar controlados, a la larga no resultan tan baratos, ni seguros.
El aumento del transporte de mercancías por tren, que además deberá usar más la electricidad y menos recursos fósiles, supondrá un abaratamiento de los costes de las mercancías, una forma más ecológica de realizar el acarreo de mercancías, una menor dependencia del petróleo y la reactivación de zonas más o menos deprimidas. En ese sentido los planes de la U.E. ya apuestan por ello, incluso en nuestro país, aunque olvidando algunas de las zonas más deprimidas económicamente de nuestro país.
Los gastos en investigación deberían suponer un porcentaje importante, nunca menor del 2,5% del P.I.B. Contrariamente a lo que está ocurriendo se debería tender a que, al menos, se mantengan año a año. No creo necesario subvencionar a empresas que inviertan en investigación, pues están invirtiendo en sus subsistencia y en futuras ganancias.
Si se podrá ayudar a empresas, siempre pequeñas y medianas, que aumenten su plantilla, con un reducción, por ejemplo de un 10 o 20% en las cotizaciones sociales durante un año. Es una forma de premiar a los que invierten en ampliar su negocio y no sólo piensan, quedarse con las ganancias, en repartir ganancias. En este aspecto, huelga decirlo, la reforma laboral debería ser derogada y tender a un reparto del trabajo, como ocurren en Alemania, cuando éste falte. Menos horas, menos sueldo, pero no al paro, siempre que exista motivo justificado, supervisado tanto por los sindicatos como por la administración pertinente.
La optimización del uso del agua, especialmente en aspectos como el riego de las tierras de producción, mediante la aplicación de sistemas de riego eficiente, que eviten tanto pérdidas como el riego a manta, debería constituir otro de los aspectos fundamentales. Igualmente la tendencia progresiva a consumir abonos y pesticidas naturales abaratarían los costes de estos y, por ende, los de producción de los productos agrícolas. De igual manera se deberían potenciar las industrias de transformación de productos agrícolas, creando un tejido industrial propio en este sector, que permita a los propios agricultores presentar un producto final elaborado a los mercados. La vigilancia y reducción de los márgenes de los asentadores y grandes superficies comerciales (que pueden llegar a ser lo mismo) facilitaría una mejora en el dinero recibido por los agricultores por sus productos y una disminución en el precio final de los mismos, de la que nos beneficiaríamos todos.
Cuidar el turismo, nuestra primera industria, debería ser una prioridad y para ello es fundamental no destrozar nuestra riqueza medioambiental. Todas las actuaciones deben ir encaminadas a ofrecer unos servicios de calidad, pudiendo hacer partícipes a los turistas de una diversidad que debe ser un sello de calidad y distinción. No todo el mundo quiere Sol y playa y a esos también hay que cuidarles. Al igual que a nuestros hijos y nietos, que deben recibir, al menos, lo mismo que recibimos nosotros.
La creación de una banca pública constituye otro de los aspectos fundamentales. A pesar de que nos quieren vender como cierta la estupidez de que lo privado siempre funciona mejor, no tenemos más que mirar hacia nuestro sistema financiero, al internacional le ha pasado exactamente lo mismo, para comprobar que se trata de una mentira y que, en muchos aspectos, lo privado mejora cuando tiene competencia pública.
Se ha de perseguir con saña, con multas astronómicas, especialmente si reinciden, a aquellos oligopolios que pactan la alteración el precio final de los productos para aumentar el margen de sus beneficios. Como he dicho en el párrafo anterior lo privado no funciona mejor que lo público. Diría más, cuando lo público desaparece, por ensalmo se comprueba que los precios de los productos y servicios suben de manera ¿incomprensible? En este país tenemos ejemplos varios por ejemplo el del precio y la calidad del ADSL, de los más lentos y caros de toda Europa, o el precio de los carburantes, los terceros más caros antes de impuestos de toda la U.E. No debería temblarle el pulso al gobierno de turno a la hora de volver a hacer públicas grandes empresas que en su día lo fueron y que con su privatización ha contribuido a encarecer y empeorar la oferta al consumidor.
La inversión en Sanidad, Educación y Dependencia debe aumentar significativamente, a pesar de que hasta hace bien poco la sanidad española, una de las mejores del mundo, funcionara con una cantidad de dinero muy pequeña en comparación con otras muchas, que funcionaban peor. La gran calidad en muchos aspectos de los científicos relacionados con la medicina españoles deja bien a las claras que cuando se invierte el beneficio repercute no sólo en los ciudadanos, también en la economía real.
Asunto aparte lo constituye la política exterior española, que fluctúa en función de las filias y fobias del presidente del Gobierno de turno. Un consenso básico en aspectos como la ayuda al desarrollo, nuestro papel en lugares tan siniestros como al O.T.A.N, el asunto de Gibraltar, nuestra visión de la U.E... deberían gozar de un consenso sólido, que no varíe en función de amistades o enemistades personales, lo que nos ha llevado a que distintos personajes que dicen representarnos no ridiculicen urbi et orbe.
La persecución y supresión de paraísos fiscales, entre ellos la figura de las entidades de tenencia de valores extranjeros, creación propia española que permite cosas como la siguen:
http://elpais.com/diario/2011/02/27/economia/1298761201_850215.html
Esto acompañado de un impuestos sobre los movimientos financieros, así como la subida de impuestos a las rentas del capital, llegando a igualarse a las del trabajo, contribuirá decisivamente a llenar las arcas de nuestras administraciones.
En el fondo, y olvidando muchas cuestiones, se trata de repartir lo que hay en el país, contribuyendo al bienestar colectivo en función de los recursos, invirtiendo estos recursos no sólo en el bienestar del ciudadano, si no en construir un futuro mejor para todos.
Un saludo.
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