UNA MENTIRA MÁS: EL COPAGO

Quería comenzar esta entrada con una definición de copago, pero el Diccionario de la R.A.E. no contempla tal palabra (aunque contempla otras de construcción similar como coprotagonista). Por ello voy a improvisar una, que nos permita desarrollar una base argumental sólida, por supuesto contraria a las estupideces de esta raza de medradores que que se sientan en las diversas poltronas patrias. Vayamos a por la definición.

Copago: acto de abonar el importe de un servicio o un bien material entre varias personas o entidades jurídicas, aportando cada uno de los implicados una parte del monto total.

Con total seguridad dicha definición es mejorable, uno no da para más, pero se me antoja que será suficiente lo escrito en el párrafo anterior para iniciar la cuestión compartiendo una visión conjunta del asunto.

De lo escrito tras la palabra copago parece desprenderse que para que exista tal deben ser, al menos, dos personas o entidades jurídicas la que paguen algo. Nuestra raza de políticos hispanos, ésos que inauguran diez maquetas en un día, utilizan la palabra de marras para, ni más ni menos, referirse al hecho de pagar por un servicio por él que ya se ha pagado anteriormente, a través de los impuestos. En otras palabras, aplican la palabra copago a la circunstancia de que un mismo individuo pague dos veces por un servicio. Mal empezamos, no nos ponemos de acuerdo ni en la palabra que debemos utilizar. ¿O sí? ¿O, tal vez, todo sea un truco de los politicastros de turno para hacernos creer que el dinero de la educación, la sanidad o las carreteras no salen de nuestros impuestos? La famosa expresión del gratis total (esa extraña teoría que pretende hacernos creer que las carreteras, los colegios y los centros de salud se construyen con el dinero que mana desde el cielo y cae, directamente, en las arcas de las administraciones), usada por personajes de la talla intelectual de Pepiño Blanco, alias el Señor Conceto (espero que no me militarice el blog por semejante chascarrillo), o, más recientemente,  por el infame presidente murciano,  Ramón Luis Varcárcel, no es más que un intento de confundir al personal, sobre las responsabilidades de unos y otros al respecto. Nuestra responsabilidad, la de los ciudadanos, es contribuir, en teoría cada uno según sus posibilidades, con nuestros impuestos al sostenimiento de los servicios de este país. Su responsabilidad, la de los lenguaraces políticos que padecemos, es la de administrar esos cuartos para ofrecernos el mayor y mejor número de servicios posibles. Sin embargo, las declaraciones de tipos como los mencionados anteriormente, o la de algunos  miembros del anterior gobierno de la Generalitat, el Tripartito, que se pasaron gran parte del tiempo lanzando globos sondas a ese respecto, especialmente en el tema de la Sanidad, no dejan lugar a dudas: los aprovechados somos los ciudadanos que lo queremos todo por la filosa. 

Evidentemente, hace falta ser, como poco, un desvergonzado para sostener esta tesis. Los impuestos los pagamos día a día, mes a mes y año a año. Pagamos impuestos cuando compramos el pan. Pagamos impuestos cuando compramos la leche. Pagamos impuestos cuando llenamos el depósito de gasolina. Pagamos impuestos a través de nuestra nómina. Pagamos impuestos cuando pagamos nuestra futura tumba. Pagamos impuestos... ¿Entonces cuál es el problema? El problema es la gestión de esos impuestos; el problema son ellos. Veamos por qué.

La economía, referida a la administración, es la capacidad de administrar unos recursos limitados de la manera más eficiente posible. Aquí aparece el quid de la cuestión: eficiencia. Uno entiende por eficiencia la capacidad de proporcionar el mayor número de servicios posibles, con la mayor calidad posible, con el dinero del que se dispone; para ello los gastos que no van destinados directamente a inversiones deben ser los mínimos, se debe perder el menor dinero posible en cuestiones vacuas. Cuando se conduce agua de un lugar a otro se intentan minimizar las pérdidas, curiosamente en las administraciones no es así. El politiquillo de turno, en líneas generales, no escatima en gastos para satisfacer sus ansias de relevancia, bienestar propio y de los suyos y, si es posible, pasar a la posteridad por algo más que el nombre de una calle. 

A algún  lector le pudiera parecer que, llegados a este punto, la demagogia ha hecho acto de presencia. Comprobaremos a continuación que la demagogia no se ha adueñado de esta entrada. 

Seguramente, todos hemos podido comprobar que los dos grandes partidos españoles han introducido en su campaña la reducción de altos cargos pertenecientes a la administración, así como la de asesores, todos elegidos a dedo. Uno se pregunta: ¿para qué coño servían los cargos que estaban antes y que van a desaparecer, al menos en teoría? Un dato al respecto. Un miembro deCSI-CSIF (sindicato de funcionarios), hace unos meses en RNE cifró en cerca de 600.000 las personas que cobran de la administración y no han seguido ninguno de los cauces oficiales para trabajar en ella (por cada cinco personas que han realizado unas pruebas y trabajan en ella con una plaza en propiedad o de forma interina existe un fulano de esos 600.000 anteriormente mencionados). Empecemos a hacer trabajar la máquina de calcular despilfarros. Nuestra nueva amiga , la reina de los números, dice que con esta cifra se acabó el copago en sanidad hasta dentro de siete generaciones y sobra para realizar alguna residencia de ancianos atendida con una ratio usuario/trabajador más que buena. ¡Impresionante!

Sigamos con la duplicidad de funciones en la administración, o, directamente, en la inutilidad de ciertas administraciones. El extraño caso que supone la descentralización española, no por la descentralización en sí, si no por el proceso seguido, genera unas distorsiones tremendas, con duplicidad de funciones en muchos casos. Si a esto añadimos la existencia de una cámara tan inútil como el Senado, salvo una excepción el resto de leyes pasan por allí para superar el trámite, nunca mejor dicho, cuya utilidad, al menos tal como está concebido, es discutida y discutible, tenemos un panorama de gastos sin cuenta desolador. No nos olvidemos  de utilizar la máquina de calcular despilfarros, de nuevo para sumar. Nuevas noticias de nuestra calculadora: alguna autovía se podía haber terminado ya con éste dinerillo.

Pero sigamos con las administraciones ineficientes. El paradigma, al menos desde mi punto de vista, es la Diputación Provincial. Como ejemplo pondré la de mi tierra, donde hace poco tiempo leí, que la partida presupuestaria más importante, superaba el 50%, era la destinada a personal. Las diputaciones son un arcaísmo, más aún cuando existen mancomunidades por doquier, que se dedican a gestionar las verdaderas necesidades, al menos así debiera ser, de las localidades que engloba cada una. Si parte del dinero de las diputaciones se destinara a las mancomunidades y para aquellos aspectos que conciernen a varias las comunidades autónomas asumieran sus responsabilidades, por ejemplo las carretera locales (todas las CC.AA. tienen competencias sobre las carreteras que discurren exclusivamente por su territorio), las diputaciones podrían desaparecer tranquilamente. Si a este gasto suntuario, al que denominaremos estructural, le unimos despilfarros como el del aeropuerto de Castellón, apaga y vámonos. La maquinita que contabiliza los derroches varios de nuestros gestores empieza a echar humo. Nuestra protagonista está exultante: ¡Joder, qué alegría para los pensionistas, se les puede subir la pensión este año y unos cuantos más! A lo mejor sobra algo para los funcionarios.

Sigamos hablando sobre despilfarros varios cometidos por esos mismos gestores que hablan del copago. Lo de los coches oficiales en España, más numerosos que en EE.UU., siete veces más poblado que España y fuertemente descentralizado, no hay por donde cogerlo. A uno se le ocurre que los políticos que abusan de tal prebenda deberían copagar, mejor dicho, pagar en exclusiva, dicho modo de transporte. Nuestra maquinita de sumar desmanes en la gestión empieza a necesitar un descanso. Algún colegio o instituto se puede haber creado, canjeando coches por libros y ladrillos y, a lo mejor, sobra dinero para ampliar el número de becarios, nos dice nuestra sufrida protagonista contable.

Sigamos por las televisiones autonómicas, a mayor gloria del presidente autonómico de turno. A mediados del año pasado sólo debían algo más de 1.600 millones de euros y recibieron del dinero de todos unos 1.100 millones de euros durante el año pasado. La televisión autonómica más endeudada, con mucha diferencia, era la valenciana, sí, esa en que la que trama Gurtell metió la cuchara para sacar tajada cuando nos visitó Benito, el Décimosexto. Pasaremos durante un rato de la dichosa maquinita del despilfarro, las cifras que empieza a manejar son mareantes y tanto trabajo puede acabar con ella. Con este dinero se podía dar un impulso notable a la Ley de Dependencia, exclama nuestra mareada amiga.

Merece cuestión aparte el tema de la corrupción. Soy incapaz de cuantificar cuanto dinero, del de todos, se han llevado muchos políticos y sus amiguitos del alma, en ese aspecto no hay diferencia entre PSOE, PP, CIU, PNV y el sursum corda, pero tras las decenas de millones de euros, que muchas de las tramas han conseguido robar a los ciudadanos y el gran número de delincuentes asociados para robar el dinero público, uno considera que el monto total de los robos de unos y otros deben andar por las diez cifras, que cada uno ponga en las unidades de millar de millón el número que considere más oportuno. Curiosamente, en este apartado ha desparecido la maquinita de contar millones de euros desperdiciados, aparecerá en cualquier redada policial contra la corrupción, pero ha dejado un mensaje escrito en un papel: es una pena que haya que dedicar dinero para investigar a los que nos roban y no poder dedicar este dinero para investigar sobre cultivos ecológicos, vacunas más eficientes, nuevos materiales... y con un poco de suerte alguna nueva vía de tren, de esas que cerraron hace unos años, se podía empezar a poner en funcionamiento (por eso de la ecología).

¡Hagan cuentas, señores! Sumen las diferentes cuantía de todo lo enumerado en esta entrada y desespérense.

Si a eso añadimos otras partidas, que uno considera totalmente prescindibles, como el dinero destinado a la iglesia, los gastos de la Casa Real (14.000 euros por un cinta de correr, creo que cargado a Patrimonio Nacional), fundaciones como FAES se llevan al año más de dos millones de euros de todos los españoles, y su homónima del PSOE, la Fundación IDEAS, también se lleva un pico majo del dinero de todos, por no hablar de la Fundación Franco u otras de similar condición. De hecho creo que el dicho es: crea una fundación y a vivir.

Podría seguir ad infinitum, pero considero que con lo aportado hasta el momento hay pólvora más que suficiente para fundamentar que el problema no consiste en la falta de recursos, al contrario, el problema radica en que muchos de los recursos son gestionados pésimamente por aquellos que han adquirido esa responsabilidad de manera voluntaria, como ha quedado demostrado durante la entrada de hoy. 

A modo de resumen: los fulanos encargados de gestionar los impuestos de todos, que lo hacen de manera voluntaria, con la finalidad de proporcionarnos servicios que mejoren nuestra calidad de vida, no sólo no lo hacen, encima nos culpan de su desastrosa y, en ocasiones, delictiva gestión. ¡Con dos cojones!

Un saludo.
P.D.: Mañana un poquito de arte milenario, para desengrasar.