Continuamente, en conversaciones con diferentes personas que trabajan para la administración, me llega un mismo mensaje: la planificación que los políticos hacen es un auténtico desastre. La distribución del personal, excesiva o insuficiente, junto con la adjudicación excesiva de material o medios (generalmente debido a ideas "geniales" del político iluminado de turno) y/o la falta de éstos mismos medios (en alguna ocasión se ha dado la paradoja de que se ha derrochado el dinero de todos en ciertos aspectos, dejando sin cubrir otras cuestiones más necesarias) son las cuestiones que dan forma al enunciado de la primera frase de esta entrada.
¿Por qué ocurre ésto?
La respuesta es bien sencilla: los políticos gestionan utilizando el criterio mis ideas son buenas y es lo que necesitan los administrados. A esta forma de actuar yo la denomino gobernar de arriba a abajo.
Este tipo de actuación se caracteriza por la identificación e implementación de medidas por parte del político de turno y su grupo más cercano. Aunque a mi me parece nefasta, tiene una ventaja: si realmente la sociedad demanda lo que el político da, éste suele volcarse en proporcionar los medios para que, al menos nominalmente, su idea salga adelante.
Sin embargo tiene una gran desventaja, que limita generalmente la eficacia de las medidas: en muchas ocasiones la genial idea del político de turno no se corresponde con una prioridad real del ciudadano o de los ciudadanos. Por tanto están derrochando el dinero de todos.
Lo más lógico sería preguntarse: ¿cómo se puede corregir esta estúpida y ruinosa forma de actuar? La solución es bastante más fácil de lo que pudiera parecer: invirtiendo el sentido de la demanda de necesidades. Me explico. El lector recordará que a la estrategia primera la he denominado gobernar de arriba a abajo (el político decide lo que es bueno y necesario para los ciudadanos), sin embargo, lo correcto desde mi punto de vista, sería abordar las actuaciones de la administración escuchando a los ciudadanos afectados por esas actuaciones. Creo que con un par de ejemplos se comprenderá mejor.
Imaginemos que hay que realizar una obra para paliar los atascos en determinada zona de un barrio X de una localidad. Lo más lógico sería hablar con la asociación de vecinos de tal barrio, con los comerciantes, e incluso con representantes de taxistas, de empresas de transporte público que pululan todos los días por tal barrio. La información recogida, que en ciertos casos puede ser contradictoria, no pasa nada, dará al gestor político una visión real de las necesidades y podrá sacar unas conclusiones basadas en las prioridades de los implicados.
Imaginemos otra situación. Una determinada administración quiere emprender una reforma a fondo en una ley, pongamos de educación. Lo más normal sería consultar a los sectores implicados: docentes, padres, alumnos con una cierta edad, servicios sociales... Toda esa información obtenida de claustros, AMPAS, informes... debería ser analizada cuidadosamente y, al menos, servir de punto de partida para saber de donde partimos y donde queremos llegar. En otras palabras intentar construir un futuro atendiendo a las demandas y descripciones de la realidad de los sectores implicados.
Creo que con estos dos ejemplos se comprende mejor la estrategia que yo llamo actuar de abajo hacia arriba. En el fondo, esto es lo que se aplica en aquellas localidades que permiten los concejos abiertos.
Evidentemente, las ventajas de este tipo de ética política son muchas: responder a las necesidades reales de los ciudadanos, asesorarse por los profesionales verdaderamente implicados en los diferentes procesos (léase especialmente los funcionarios o personal laboral que son los que realmente están a pie de calle, detectando necesidades), hacer sentir al ciudadano que su opinión es útil, gestionar de una maner coherente el dinero de todos...
Sería absurdo decir que este estilo político no tiene incovenientes, especialmente dos: es, al menos en teoría, más lento (aunque uno no está seguro de ello) y puede generar disputas entre los diferentes colectivos implicados, pero uno intuye que tampoco está mal que de manera progresiva nos vayamos acostumbrando al consenso para conseguir ganar todos un poco, siendo esta opción mejor que perderlo todo.
La idea, que no es mía, ni mucho menos, parece bastante coherente, pero seamos realistas, ¿qué vamos a esperar de una clase política que ha sido elegida, salvo honrosas excepciones, siguiendo la estrategia de arriba abajo (el líder pone a sus acólitos en las listas electorales en función de su afinidad, no de su capacidad)?
Tal vez ahí radique el problema: el sistema está viciado desde sus orígenes. Los partidos políticos cauce, al menos eso dice la Constitución, libre de la voluntad y expresión política de los ciudadanos se han convertido en unas férreas estructuras, donde las decisiones se toman desde arriba y van afectando en cascada a todos los afiliados, y por extensión al resto de los ciudadanos. Esta norma se hace trizas cuando un partido abandona el poder, tras una escandalosa derrota, momento en el cual los cuchillos vuelan, siempre entre los que están en la cúpula del partido, con la finalidad de llegar al poder y volver a encorsetar la organización para que nadie se mueva sin permiso del líder. Al menos ésto es lo que ocurre en los dos principales partidos de España, los únicos que pueden poner un presidente del gobierno que se presente bajos sus siglas. Al menos esa es la situación hasta este momento.
Y esta es la reflexión de hoy, desde mi punto de vista incompleta (me hubiera gustado incidir más en la necesidad de escuchar por parte de los políticos a las personas que trabajan para la administración, por que esos son los que conocen los problemas reales de los ciudadanos), pero no quiero atormentar al lector durante el fin de semana.
Un saludo
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